El agua dulce es un bien natural escaso, representa menos del 3% del total existente y gran parte de ella, entre 1.75 y 2 %, se encuentra concentrada en glaciales, hielo y nieve y entre el 0.7 y 0.8 en aguas subterráneas. En el mundo sentimos cada vez más su escasez porque la demanda aumenta con el crecimiento de la población y de las actividades económicas, y porque perdemos fuentes de agua dulce por múltiples razones.
En el Perú, la vertiente del Pacífico que alberga la mayor parte de la población solo tiene 1.8 de la disponibilidad del total del agua dulce del país. Realizar trasvases es muy costoso debido a que nos atraviesa la Cordillera de los Andes y hacerlo puede producir impactos ambientales muy serios.
Siendo esta la situación requerimos de una gestión adecuada. Esto significa varios niveles de intervención: hacer un uso eficiente (supone mejorar tecnologías para utilizar solo lo necesario), distribuir responsable y equitativamente considerando a todos los usuarios registrados o no (incluye a la naturaleza), incrementar la disponibilidad con la siembra y cosecha de agua; pero sobre todo conservar y proteger los ecosistemas que nos proveen de ella y que la regulan.
Todo esto implica contar con información necesaria y actualizada sobre cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, sobre la situación de los ecosistemas proveedores y reguladores, sobre el cambio climático y su impacto en este recurso y sobre los usuarios existentes y sus demandas. También requiere que cada usuario tenga claramente establecidas sus obligaciones y exista una estricta fiscalización, así como una cultura del agua. Muy pocas de estas tareas las realizamos. A la Autoridad Nacional del Agua (ANA), solo la asociamos a la distribución.
Además, existe debilidad y poca presencia del Gobierno Nacional en el territorio peruano, y se necesita gestionar 54 cuencas hidrográficas. En este escenario la descentralización y la gestión participativa del agua es una necesidad, como también la inversión necesaria para lograrlo.
