Lima, 21 de enero de 2022
Desde la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), que agrupa a 51 organizaciones privadas de cooperación internacional para el desarrollo que laboran en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante los numerosos desastres ecológicos que generan en la costa, sierra y selva del Perú, actividades extractivas que no cumplen los mínimos estándares ambientales, y tampoco implementan acciones de remediación e indemnización a la población, en particular a Pueblos Indígenas. El desastre ecológico generado por el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, que involucra a la empresa Repsol y su refinería en el distrito de Ventanilla, La Pampilla, es uno más de estos hechos, sólo que, en esta ocasión, ha llamado la atención de la ciudadanía, decisores políticos, y las portadas de los medios capitalinos.
Ante ello, instamos a la Unión Europea y sus Estados miembros a emprender las acciones necesarias para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU), en coherencia con lo establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Título IX sobre Comercio y desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial con Perú.
En particular, recordamos la necesidad de cumplir con el principio rector 1: \”Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia\”. En este marco, la UE y sus Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para reparar todos los ecocidios generados en el Perú por empresas europeas, reparar a la población afectada en sus medios de subsistencia, remediar los impactos en los ecosistemas circundantes, así como asegurar que las empresas de EEMM cumplan los estándares medioambientales internacionales.
En un contexto de crisis climática, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los Estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos. La UE y sus EEMM pueden y deben demostrar compromiso de caminar hacia un modelo de transición social y energética, en línea con el Pacto Verde de la UE, que paulatinamente abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y promueva el uso de energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales.
Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obligue a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones.
https://www.coeeci.org.pe/coeeci-hace-un-llamado-ante-los-numerosos-desastres-ecologicos-en-el-peru/