Las economías ilícitas en los territorios de las comunidades indígenas amazónicas (*)
En un número cada vez mayor de provincias amazónicas, sobre todo las más alejadas de las capitales departamentales, se presentan, por un lado, condiciones de pobreza y exclusión de oportunidades y de acceso a servicios para un sector importante de la población, en su mayoría jove…
En un número cada vez mayor de provincias amazónicas, sobre todo las más alejadas de las capitales departamentales, se presentan, por un lado, condiciones de pobreza y exclusión de oportunidades y de acceso a servicios para un sector importante de la población, en su mayoría joven e indígena; y, por otro lado, hay una presencia de actores de la economía ilícita y criminal, que representan una opción de generación de ingresos para la población local.
En tendencia opuesta a las dinámicas nacionales y regionales, estas provincias presentaban, ya antes de la pandemia COVID19, un incremento importante de la pobreza multidimensional. Por ejemplo, el índice de desnutrición crónica infantil en promedio es superior al 40%, más de 3 veces el valor nacional; tienen los indicadores más bajos a nivel nacional en acceso a servicios de salud y educación; y tienen los territorios con mayor pérdida de bosque en el país, contribuyendo a más del 90% de las 2.130.122 hectáreas de bosque deforestado entre el 2001-2017 (MINAM-2018).
Esta deforestación se debe, en gran medida, a actividades antrópicas realizadas bajo practicas no sostenibles, vinculadas al aumento de la migración interna, invasión de territorios indígenas por parte de colonos dedicados a actividades ilegales, la práctica de agricultura con alta deforestación, sembríos ilegales de coca, minería ilegal, obras de gran infraestructura y monocultivos con plaguicidas altamente contaminantes.
Las comunidades indígenas de la Amazonía han mostrado su fuerte preocupación por el avance de la frontera cocalera y de las demás actividades ilegales. Por ello, han creado un Sistema de Vigilancia Indígena para la protección de su territorio y actividades económicas. Pero, la implementación de este sistema tiene dificultades: los pobladores no pueden recorrer todo el territorio por su extensión y las zonas más riesgosas son los confines; no se pueden generar pruebas fehacientes de las invasiones al no contar con fotos/imágenes y las acciones legales son deficitarias. Además, no se cuenta con personal capacitado y especializado en estas acciones.
En la última década, los procesos de desarrollo alternativo sostenible, han abierto nuevas oportunidades, mediante actividades productivas lícitas, bajo un enfoque de asociatividad y cadena de valor, a partir de la biodiversidad amazónica. A esto se añade el nuevo marco legal para la promoción e implementación del biocomercio y de la producción ecológica, certificada con el Sistema de Garantía Participativo (SGP) para pequeños productores familiares.
Para dar seguridad a las actividades económicas de la población indígena, se hace necesario trabajar de la mano con las organizaciones representativas de las comunidades en sus diferentes niveles para fortalecer el Sistema de Vigilancia Indígena con el uso de TICs (drones, GPS, etc.), la formación de los operadores locales y los servicios especializados, que garantizan el ejercicio real y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en su territorio. Además, priorizar los productores-ras jóvenes, promoviendo su formación e involucramiento en sistemas de vigilancia y certificación.
De esta manera, se contribuirá a generar las condiciones para el desarrollo de actividades económicas lícitas, limpias, bajas en carbono y sostenibles en los pueblos indígenas amazónicos, garantizando la pertinencia cultural y el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.
(*) Artículo publicado en la Agenda Amazonía 2022. Mes de septiembre.
